Ministro de Justicia rechaza conclusiones de Amnistía Internacional

WILLEMSTAD – Según el ministro de Justicia, Quincy Girigorie, el reporte elaborado por Amnistía Internacional no toma en cuenta la situación socio-económica de Curazao.

El Ministro explicó que desde el año 2012, Curazao ha dado refugio a más de 8 mil venezolanos que calificaron para recibir sus permisos de residencia. Esto representa ya un 5% de la población de la isla.

Adicionalmente, una investigación, aún  en curso, ha estimado que hay una población de 6 mil venezolanos en condición de indocumentados. Eso representa otro 3,75% del total de habitantes. En total 9% de las personas que viven en Curazao son resultado del flujo procedente de Venezuela.

El Ministro comparó estas cifras con la cantidad de refugiados en Holanda, en donde hay alrededor de 250 mil refugiados, que representan el 1,45% de la población. En este caso, Holanda tendría que aceptar 1,5 millones de refugiados más para alcanzar una cifra como la de Curazao.

Girigorie también hizo referencia a la gran cantidad de drogas y armas que entran al país en las mismas lanchas que transportan indocumentados a la isla. También señaló que hay alrededor de 2 mil personas ejerciendo ilícitamente la prostitución, que en su mayoría son venezolanas.

Según el Ministro, para un país con una tasa de desempleo de 18% (10.000 desempleados), es inaceptable que haya 5 mil indocumentados compitiendo y aceptando pagos inferiores en el mercado laboral. Por esta razón, entre otras, el Gobierno no está de acuerdo con las conclusiones de Amnistía Internacional.

Así mismo reiteró una vez más que Curazao, aún  no siendo partícipe del Tratado para los Refugiados de las Naciones Unidas, sí se apega a la Convención Europea de los Derechos Humanos en su artículo 3, que implica el principio de no devolver a su país a personas cuya vida o integridad física esté amenazada directa e individualmente.

Finalmente, el mandatario reconoció que se puede mejorar en varios aspectos relacionados al proceso al que deben someterse las personas que aspiren a recibir protección internacional. La comunicación efectiva entre las diferentes instancias en la cadena judicial es uno de los puntos en los que se debe trabajar.

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