Ombudsman pide al Gobierno detener deportación automática de venezolanos

WILLEMSTAD – Un informe del Defensor del Pueblo local (Ombudsman) concluye que Curazao viola la Convención Europea de Derechos Humanos con su política de expulsión. Esto se refiere principalmente a los venezolanos que huyen de la crisis de su país, llegan a Curazao en avión o en barco y se quedan ilegalmente.

El Gobierno de Curazao aplica una política de expulsión estricta que, según el Defensor del Pueblo, es contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Curazao es un país autónomo dentro del Reino, pero aun así está obligada a adherirse al tratado. Los venezolanos arrestados son expulsados ​​del país lo más rápido posible, sin verificar si estos tienen o no derecho a asilo.

El 4 de mayo, por ejemplo, 64 personas fueron detenidas en Curazao, y entre el 5 y el 10 de mayo, casi todas fueron expulsadas. La organización de refugiados ACNUR hizo un llamado a los países de la región para que absorban a los venezolanos y hagan posible una estancia legal.

El Defensor del Pueblo de Curazao escribió en su informe que ha recibido recientemente “varios casos en los que” se ha aprehendido venezolanos indocumentados que han solicitado explícitamente el acceso al procedimiento de asilo en Curazao. Según ellos “se les ha negado el acceso”.

Además, de acuerdo con el informe, en muchos casos los detenidos habrían sido informados de que no existe un procedimiento de asilo, o que la solicitud de asilo no fue respondida. Muchos funcionarios de la cadena judicial también toman decisiones arbitrarias con las solicitudes de los detenidos, estando mal informados sobre los procedimientos correctos.

El Ombudsman también reprochó que los venezolanos estén recibiendo todos el mismo trato, al no hacer una distinción entre migrantes económicos y personas que están amenazadas o en peligro de ser maltratadas en su propio país, creando así la posibilidad que los refugiados legítimos pasen desapercibidos.

Curazao todavía no tiene un centro de recepción para los refugiados, por lo que los detenidos venezolanos están siendo recluidos en la prisión de Curazao. Anteriormente, los Países Bajos anunciaron que deseaban compartir su experiencia en esta área y destinar 132,000 euros para un centro de detención en la isla.

El Defensor del Pueblo reconoce en su informe que Curazao tiene posibilidades limitadas, como una isla pequeña con recursos limitados. Sin embargo, hace un llamamiento al Ministro de Justicia para que detenga de inmediato la repatriación automática de los venezolanos detenidos.

El Ministerio de Justicia recibió el informe este jueves, en la mañana, y aún no ha formulado una respuesta.

(Con información de: Nieuwsuur/NOS)

 

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